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Anarcocapitalista de Cuba
CAC
Conferencia
II
La
Ley, el Orden y La Defensa Nacional en el Anarcocapitalismo.
En
la conferencia anterior quedó bien puntualizado que en la sociedad
anarcocapitalista, la ley y el orden es garantizado a través de un
mercado competitivo de instituciones privadas que ofrecen seguridad,
justicia, y otros servicios de la defensa, y que además, estos
proveedores de justicia y del orden compiten por clientes de pago
voluntario que desean recibir los servicios, en contraposición de
individuos gravados sin su consentimiento, a los que se les asigna un
proveedor monopólico de la fuerza, brindándose de esta manera
servicios legales y policiales más baratos y de calidad.
¿Cómo
funciona esto en la práctica?
Pues
bien, en una sociedad anarcocapitalista, donde es inexistente la
presencia del Estado, recae, sobre el sector privado la
responsabilidad de crear las normativas necesarias que garanticen el
desarrollo armonioso y el orden en la sociedad.
El
orden, en la sociedad anarcocapitalista, se garantiza a través de
las Agencias Privadas de Defensa, que no son más que empresas
dedicadas a brindar el servicio de protección y defensa dentro de un
contexto de libre mercado.
Dentro
de las funciones inherentes a estas empresas privadas, se encuentra
la de resolver los conflictos contractuales, así como los daños y
perjuicios extracontractuales, entendiéndose por estos, robos,
asaltos, homicidios, estafas, contaminación a personas y sus
propiedades, etc. , a través de sus relaciones con otras entidades
como pueden ser, agencias privadas de seguros y de arbitraje.
Es
importante señalar, en primer lugar, que estas agencias no son
subvencionadas de manera alguna a través de tributos, ni dependen en
lo más mínimo de medios de apoyo intrusivo u obligatorio que
limiten o ejerzan influencia en su libertad de obrar, y en segundo
lugar, que no tienen como finalidad la agresión, si no que persiguen
únicamente fines defensivos, debido a que al no existir el Estado,
queda abolida una de sus principales funciones, que es la guerra.
Debe
tenerse presente que, según palabras de Benjamin Tucker, el servicio
de defensa, es un trabajo útil y deseado, puesto que se desarrolla
en un contexto de del libre mercado y por ende se ofrecerá a precio
de costo, y que prevaleciendo la competencia, el éxito será de
quien ofrezca el mejor producto al precio más bajo, por lo que la
supervivencia de las mismas estarán condicionada a la calidad de los
servicios que presten, que les garanticen una amplia base de
clientes.
Por
tanto, la posibilidad real del éxito de estas agencias radica, en la
tenencia de incentivos
económicos suficientes para desempeñarse de manera pacífica,
eficiente y respetuosa de los derechos individuales, aspectos estos
elementales para garantizar su presencia competitiva en el mercado.
Ahora
bien, la Ley en el anarcocapitalismo, es consecuencia de la
producción privada del Derecho (Ley policéntrica), lo que quiere
decir que las mismas son establecidas por entidades privadas en lugar
de por las instituciones gubernamentales, por lo que podemos afirmar
que la fuente del derecho en una sociedad anarcocapitalista lo
constituye la sociedad misma en el proceso dinámico y voluntario de
las relaciones interpersonales, interempresariales y entre estas,
materializadas fundamentalmente por la figura del Contrato.
El
anarcocapitalismo, teoriza una sociedad, donde también los
proveedores de justicia compiten por clientes y donde la ley está
basada en el derecho natural o el derecho negativo, y que es
producida en si misma por el mercado.
En
este sentido, los Anarcocapitalistas imaginamos una sociedad en que
empresas de tribunales compiten por clientes, denominadas estas,
genéricamente, Agencias de Arbitraje Privado.
¿Qué
son esencialmente estas agencias?
Las
Agencias de Arbitraje Privado, también llamadas Organización
Resolutoria de Conflictos, son organizaciones privadas que tienen
como función la prestación de servicios tales como la mediación y
el arbitraje.
Una
ventaja de estos sistemas judiciales sobre la justicia gubernamental
o pública, es que los sistemas de justicia privada se desarrollan en
un mercado competitivo, en el que los empresarios, en la búsqueda de
sus beneficios, tratan de superar a sus competidores en la prestación
de los servicios, a fin de garantizarse cada vez más sus clientes,
no obstante, es bueno señalar, que existen en la actualidad
organizaciones de este tipo que no persigues fines de lucro y que son
financiadas en gran medida, a través de donaciones realizadas por
fundaciones benéficas.
¿Cómo
se garantiza el efectivo cumplimiento de las sentencias o
disposiciones de estas agencias?
Según
Murray Rothbar, la ejecutoriedad de las decisiones de los tribunales,
para que sean eficaces, no
tienen por qué ser aplicadas por el gobierno.
La
vida ha demostrado que incluso, antes de que las decisiones de las
organizaciones de solución de conflictos fueran consideradas
legalmente vinculantes en los tribunales del gobierno, ya eran
acatadas por los comerciantes para evitar el riesgo del aislamiento y
la exclusión, ya que un comerciante que se negara a obedecer el
veredicto de un órgano de justicia, estaría engrosando ipso facto,
la lista negra, siéndole muy difícil en el futuro, valerse de los
servicios de un árbitro.
Esto
demuestra que las relaciones que se crean dentro del contexto de una
economía de libre mercado, favorecen el comportamiento responsable y
la disciplina social.
¿Por
qué vías se resuelven las inconformidades con las decisiones de las
agencias privadas de arbitraje?
Son,
los Tribunales de Apelación, los encargados de resolver estas
inconformidades.
Según
los anarcocapitalistas, los contratos pueden proporcionar tribunales
de apelación, siempre y cuando las partes estén dispuestas a tomar
el riesgo extra de los gastos que pudieran ocasionar las apelaciones,
aunque no lo circunscriben únicamente a los contratos, pues también
dichos tribunales de apelación, pueden conocer de las controversias
que se susciten entre personas que pertenezcan a diferentes agencias
de arbitraje privado.
¿Cómo
se financiarían en una sociedad anarcocapitalista estas agencias o
tribunales privados?
Existen
muchas posibilidades. Una de ellas sería con la suscripción de los
individuos a un servicio judicial determinado, pagando una prima
mensual, que le daría el derecho a recurrir al tribunal cada vez que
lo necesitase.
Otra
fuente de financiamiento sería, a través del pago de una cuota que
se efectuaría siempre que un individuo, decidiera recurrir al
tribunal, siendo obligación del delincuente o el incumplidor del
contrato, restituir a la víctima o al demandante, de los gastos que
hubieren incurrido.
Y
una tercera posibilidad sería que los tribunales fueran contratados
por las agencias policiales para resolver las disputas, o incluso
podría haber empresas “verticalmente integradas” que proveyeran
servicio policial y judicial, indistintamente.
En
todos los casos, sólo el mercado será capaz de decidir cuál de
estos métodos resultará más apropiado.
En
la práctica, el arbitraje privado se ha convertido en una profesión
pujante y muy exitosa, debido a que como se contrata a voluntad de
los interesados, las reglas de arbitraje pueden ser decididas
rápidamente por las partes, sin tener que recurrir a un complejo y
tedioso marco legal aplicable a todos los ciudadanos.
En
consecuencia, el arbitraje privado permite que los juicios sean
realizados por personas expertas en la materia involucrada, lo que
trae aparejado una mayor calidad y justicia en los procesos.
Ha
quedado demostrado, que el arbitraje puramente voluntario es
suficiente en lo que respecta a las disputas comerciales… ¿qué
ocurre con las actividades abiertamente delictivas, como el asalto,
el hurto o el robo de bancos?
En
estos casos, hay que admitir, que el aislamiento del culpable
probablemente no sería suficiente, a pesar de que, como debemos
recordar, también incluiría la prohibición, por parte de los
dueños de las calles privadas, de que esos delincuentes entraran en
sus zonas. Para los casos criminales, entonces, se hacen necesarios
los tribunales y la aplicación forzosa de las leyes.
¿Cómo
funcionarían entonces las cortes de justicia en una sociedad
libertaria, y cómo harían cumplir sus decisiones, teniendo en
cuenta además que las reglas libertarias no permiten utilizar la
fuerza contra nadie que no haya sido declarado culpable de un crimen?
Veamos
pues, el siguiente supuesto de hecho:
En
primer lugar, debemos reconocer que ya no existe una corte
internacional, ni un gobierno mundial que aplique sus decretos.
Cuando
vivimos en un estado de anarquía internacional, prácticamente no
hay problemas en la solución de los conflictos que puedan surgir
entre los ciudadanos privados de diferentes países, pues en la
sociedad libertaria, dicho asunto se resolverá en el tribunal del
demandante como condición de agraviado y la decisión de este
tribunal deberá ser aceptada por los tribunales del demandado. Es
importante señalar que la ausencia de cualquiera de las partes en el
proceso ira en su contra.
Un
aspecto esencial del servicio judicial privado, es la provisión de
decisiones justas, objetivas y pacíficas a sus clientes. Los
clientes no considerarían que se les presta un servicio valioso si
se toma una decisión y luego se da paso a un enfrentamiento armado.
Por ende, una parte esencial de cualquier servicio judicial sería un
procedimiento de apelación. En resumen, cualquier tribunal estaría
de acuerdo en regirse por un juicio de apelación. El juez de
apelación tomaría su decisión, y el resultado de este juicio se
consideraría obligatorio para el culpable.
¿Quién
designaría a los jueces en una sociedad libertaria?
En
la sociedad libertaria, los jueces serian designados por la propia
gente, los que irían a ver a los jueces con mayor experiencia y
erudición en cuanto al conocimiento y aplicación de los principios
legales y éticos básicos de la sociedad.
En
la sociedad libertaria, sería necesario la existencia de un código
generalmente aceptado y que los tribunales se comprometieran a
respetar. Este código, como es lógico, se ajustaría estrictamente
a los principios del libertarismo de no agresión contra la persona o
su propiedad, y definiría los derechos de propiedad según estos
principios, reconociendo las reglas de evidencia para decidir quiénes
son los culpables en una determinada disputa, y establecer un castigo
máximo para cada crimen. En el marco de ese código, los tribunales
particulares competirían por los procedimientos más eficientes, y
el mercado decidiría entonces si los jueces, los jurados, etc., son
los métodos más eficientes para proveer los servicios judiciales.
¿Qué
ocurriría si la policía, los jueces y los tribunales fueran
corruptos o parciales, por ejemplo, si sus decisiones estuvieran
influidas por el deseo de favorecer a los clientes más adinerados?
Hemos
demostrado cómo podría funcionar un sistema legal y judicial
libertario en un mercado puramente libre, asumiendo la existencia de
honestas diferencias de opinión, pero, ¿qué pasaría si uno o más
policías o tribunales se convirtieran, en efecto, en criminales?
Consideremos
en primer lugar el problema de un juez o un tribunal corrupto o
deshonesto. ¿Qué sucedería con las cortes de justicia que
favorecieran a sus clientes adinerados?
Esto
sería verdaderamente irrazonable en una sociedad libertaria, debido
a los premios y castigos que lleva implícita la misma sociedad, pues
la vida del tribunal, y la subsistencia del juez, dependerán de su
reputación, integridad, objetividad y búsqueda de la verdad en cada
caso. Esta es su marca, su sello, su garantía.
Si
trascendiera alguna sospecha de corrupción, inmediatamente perdería
clientes y los consumidores no recurrirían a ese tribunal, porque
incluso aquellos cuyas actividades fueran delictivas difícilmente
auspiciarían a una corte cuyas decisiones ya no serían tomadas
seriamente por el resto de la sociedad.
Sirva
este análisis también en la posibilidad de que sea una fuerza
policial privada la que se ubica fuera de la ley y la justicia.
En
relación a la defensa nacional en una sociedad libertaria, es bueno
apuntar que al dejar de ser Estado-nación, lo cual es inherentemente
amenazador, habría pocas posibilidades de que sufriera un ataque por
parte de otro país. Uno de los grandes males del Estado-nación es
que a todos sus ciudadanos se les identifica con él; por lo tanto,
en cualquier guerra interestatal los civiles inocentes, los
ciudadanos de cada país, están sujetos a la agresión del Estado
enemigo. Pero en una sociedad libertaria no existiría tal
identificación, y en consecuencia habría pocas probabilidades de
que se produjera una guerra devastadora.
Supongamos
por ejemplo, que un país estatista atacara a una población
libertaria. En primer lugar, la forma en que se llevaría a cabo la
defensa y los gastos que implicaría serían decididos por los
consumidores de la población agredida. Aquellos que prefieren los
submarinos Polaris y temen una amenaza exterior, se inclinarían por
el financiamiento de esas naves. Los que consideran eficaz un sistema
ABM, invertirían en esa clase de misiles defensivos, y aquellos que
no toman en serio una amenaza semejante o los pacifistas, no
contribuirían a ningún servicio de defensa nacional.
Como
se puede apreciar, se aplicarían diferentes teorías de defensa en
proporción con quienes estuvieran de acuerdo con las diferentes
teorías que se ofrecieran y las apoyasen. Dadas las pérdidas
enormes que hay en todas las guerras y en los preparativos de defensa
en todos los países a lo largo de la historia, seguramente no es
irrazonable pensar que los esfuerzos de defensa privada, voluntaria,
serían mucho más eficientes que las inútiles asignaciones del
gobierno. Sin duda alguna podemos deducir, que estos esfuerzos serían
infinitamente más morales.
Pero,
supongamos que ocurriera lo peor, y que finalmente la población
libertaria fuera invadida y conquistada por un Estado cualquiera.
¿Qué pasaría entonces?
Debemos
darnos cuenta, que la razón principal por la cual un país
conquistador puede gobernar a un país derrotado, es que este último
cuenta con un aparato estatal que transmite y pone en ejecución las
órdenes del vencedor. Pero en aquellos casos, en los cuales el país
conquistado carece de gobierno, la administración de éste se torna
extremadamente difícil al no tener, en primer lugar, a través de
quien impartir sus órdenes, y en segundo lugar, que sería muy arduo
dar órdenes a una sociedad donde cada individuo constituye su propio
gobierno.
Muchas
gracias.
Joisy
García Martínez. Bloguero, Periodista Independiente y miembro del
Club Anarcocapitalista de Cuba (CAC)
Lic.
Nelson Rodríguez Chartrand. Abogado, Periodista y miembro del Club
Anarcocapitalista de Cuba (CAC)
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Fuentes
consultadas:
-Wikipedia
libre.
-El
Manifiesto Libertario, de Murray Rothbard.
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