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La habana, Cuba, enero de 2011
Joisy García Martínez.
El documento que transcribo a continuación fue entregado simultáneamente en el Consejo de Estado y en la Asamblea Nacional
Propuesta de modificación de la Ley Electoral
En enero de 2010 un grupo de ciudadanos lanzamos el proyecto conocido como Candidatos por el Cambio con el propósito de participar en las elecciones para Delegados de Circunscripción. En junio del propio año desarrollamos una iniciativa denominada Voceros del Barrio, cuyo objetivo es viabilizar las inquietudes de la comunidad a través de los mecanismos del Poder Popular. La experiencia adquirida en estas jornadas nos ha llevado al convencimiento de que, para la participación ciudadana con la pluralidad requerida, es preciso introducir algunas modificaciones en la ley Electoral vigente, especialmente en aquellos aspectos que no permiten a los electores conocer la forma de pensar de los candidatos, lo que finalmente se expresa en la forma de votar en su instancia parlamentaria. Sabemos que hay muchas cosas que cambiar y que esta propuesta puede pecar de minimalista pero, justamente por eso, servirá de prueba a la voluntad política del gobierno para impulsar las reformas que quiere la nación. No es en sí misma una meta final, sino un primer paso.
¿En qué fundamentamos esta propuesta?
En sus más recientes intervenciones ante la Asamblea Nacional
De este crítico análisis se desprenden muchas preguntas, entre ellas: ¿Cuál es la cuota de responsabilidad que le corresponde al Parlamento cubano por haber aprobado unánimemente todas las leyes y disposiciones que en la practica han sustentado los errores señalados? A menos que la nación haya sido gobernada de espaldas al parlamento, habría que responder que el grado de responsabilidad de los diputados es muy elevado, bien por incapacidad personal para encontrar soluciones, por adoptar la oportunista postura de aprobar decisiones que estimaban incorrectas, o por sostener una ideología reñida con la realidad. Si además de querer enmendar las faltas cometidas, se pretende impedir que se repitan, entonces se hace necesario revisar el mecanismo que conduce a un ciudadano hasta el puesto de Delegado de las Asambleas Municipales y Provinciales o Diputados a la Asamblea Nacional.
No hay dudas de que nuestras Asambleas del Poder Popular, en cualquiera de sus instancias, son un muestrario representativo del pueblo, pero la diversidad se expresa allí en consideraciones ajenas a la pluralidad de opiniones que existe entre nosotros. Pluralidad que no niega la unidad nacional, pero que refuta la falsa unanimidad con la que el parlamento ha aprobado todo lo que le han propuesto en los últimos 34 años. ¿Qué sabíamos de nuestros diputados cuando todavía eran candidatos?: la edad, el sexo, el grado de escolaridad, la profesión, el estado civil, la pertenencia a una u otra organización, o que habían sido merecedores de algún reconocimiento por su labor internacionalista como soldado en África o como medico en Venezuela. Sin embargo, sería posible armar otro parlamento con el mismo equilibrio en estos perfiles y que votara de forma diametralmente opuesta a las propuestas que se someten a su consideración.
Es preciso añadir nuevos elementos a la diversidad con la que el pueblo debe estar representado en su Parlamento, pero eso solo será posible si los electores, además de contar con la foto y los imprescindibles datos biográficos de los candidatos, conocen cómo piensan estos ante las cuestiones susceptibles de ser debatidas, cómo van ha votar, a nombre de sus electores, en el momento en que se esté discutiendo alguna alternativa.
Un joven cuentapropista y un pensionado pueden tener diferentes opiniones sobre la cuantía de los impuestos que alimentan el presupuesto de la seguridad social, un homosexual y un homofóbico tendrán posiciones divergentes ante una ley que autorice el matrimonio entre personas del mismo sexo, un fanático del béisbol y un aficionado a la opera favorecerán indistintamente los proyectos inversionistas destinados a reparar un estadio o un teatro. En el tema de las restricciones migratorias no reacciona de la misma forma un ciudadano que no se interesa en conocer el resto del mundo, ni tiene parientes en el extranjero, que el que pretende viajar o el que tiene un hijo fuera de Cuba. En cada uno de estos ejemplos y en muchos más, que harían interminable la argumentación, los electores ignoran cómo se van a comportar los candidatos si llegan a una Asamblea del Poder Popular. Desconocen en fin lo más importante: cómo van a representar sus intereses en el parlamento.
Bastaría con que los candidatos respondieran un grupo de preguntas previamente consensuadas en la comunidad y que una síntesis de sus respuestas ante los temas planteados, se publique junto a la foto y los datos biográficos. Los candidatos no estarían haciendo campaña ni lanzando plataformas, sino comprometiéndose ante el electorado a defender la posición de quienes votarían por ellos.
Para solucionar este problema proponemos modificar: el segundo párrafo del articulo 171 ( referido a la Ética Electoral) que limita los parámetros a tener en cuenta por los electores para determinar a favor de que candidato depositara su voto. La modificación consistiría en agregar “Y las respuestas dadas a las preguntas de sus electores”.
Quienes animamos esta iniciativa estamos convencidos de que con ello se elevaría la calidad de nuestra democracia y mejoraría sustancialmente la capacidad de la Asamblea nacional para tomar las de cisiones que representen verdaderamente la voluntad soberana del pueblo. De esa manera, si nos volvemos a equivocar la culpa será de todos o al menos de la mayoría y no solamente de los dirigentes.
En Ciudad de La Habana , 26 de enero de 2011
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